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El expresidente Donald Trump aparece ante el tribunal para su lectura de cargos el martes 4 de abril de 2023 en Nueva York. (AP) El expresidente Donald Trump aparece ante el tribunal para su lectura de cargos el martes 4 de abril de 2023 en Nueva York. (AP)

El expresidente Donald Trump aparece ante el tribunal para su lectura de cargos el martes 4 de abril de 2023 en Nueva York. (AP)

Louis Jacobson
Por Louis Jacobson Abril 4, 2023

SI TIENES POCO TIEMPO

  • De acuerdo con expertos legales, Donald Trump puede seguir su campaña para la presidencia como lo viene haciendo porque la Constitución de los Estados Unidos preserva el principio de que los votantes deciden quién los debe representar.

  • Constituciones y leyes de algunos estados incluyen disposiciones que dicen que aquellos condenados por delitos graves no pueden aspirar a cargos de elección popular, pero estas disposiciones aplican solamente para candidatos locales o estatales.

Luego de que el 30 de marzo de 2023, el gran jurado de Nueva York decidiera imputar al expresidente Donald Trump, las dudas sobre la viabilidad de su candidatura presidencial para 2024 aumentaron. 

Sin embargo, expertos consultados explican que la Constitución de los Estados Unidos preserva el principio de que los votantes deciden quién los debe representar. 

El proceso judicial por el que Trump enfrenta cargos criminales está centrado en un pago de $130,000 realizado en octubre de 2016 a la actriz de cine porno Stormy Daniels por parte de su entonces abogado personal, Michael Cohen.

Aquí te respondemos algunas preguntas con la ayuda de expertos:

¿Podrían los cargos criminales contra Trump en Nueva York influir en su capacidad para aspirar a la presidencia?

En pocas palabras, la respuesta es "no": Trump puede seguir su campaña para la Presidencia como lo viene haciendo.

"No hay obstrucción alguna para aspirar a la presidencia bajo cargos criminales y nada evitaría que ocupe el cargo de presidente", dijo Stanley Brand, experto en legislación electoral y miembro distinguido de la Escuela de Derecho de la Penn State University.

La Constitución de los Estados Unidos preserva el principio de que los votantes deciden quién los debe representar, y los requisitos están limitados a que sea ciudadano nacido en Estados Unidos, que tenga 35 años de edad para el momento de la toma de posesión y que haya vivido en los Estados Unidos por 14 años.

Criminales convictos han aspirado a la presidencia en el pasado. Lyndon LaRouche fue declarado culpable en 1988 por fraude fiscal y tributario y se postuló a la Presidencia en múltiples ocasiones entre 1976 y 2004.

Eugene Debs fue declarado culpable por violar la Ley de Espionaje de 1917 durante un discurso anti-guerra y después se lanzó a la Presidencia por el Partido Socialista desde una prisión federal en Alabama en 1920. Los seguidores de Debs entregaron pins de campaña con el mensaje "Prisionero 9653". El candidato que ganó la presidencia ese año, Warren Harding, conmutó la sentencia de 10 años de Debs, dijo James Robenalt, un abogado que ha escrito sobre la relación entre Debs y Harding.

Constituciones y leyes de algunos estados incluyen disposiciones que dicen que aquellos condenados por delitos graves no pueden aspirar a cargos de elección popular, pero estas disposiciones aplican solamente para candidatos locales o estatales.

Cuando Arkansas intentó establecer límites para cargos federales en 1992, añadiendo requisitos adicionales que no estaban en la Constitución, la Corte Suprema anuló la ley.

Y, a pesar de que esa sentencia hacía referencia a contiendas por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, "hay un consenso general de que también aplica para candidatos presidenciales", dijo a PolitiFact Derek Muller, profesor de Derecho de la Universidad de Iowa.

Rebecca Green, profesora de Derecho del College of William & Mary, dijo que la decisión busca evitar que los estados influyan en la elección de un presidente imponiendo algo que potencialmente se convertirían en un mosaico de requisitos adicionales que pocos candidatos podrían cumplir. También, dijo Green, busca evitar que estados confabulen para intentar descalificar candidatos.

¿Podrían los cargos contra Trump representar desafíos logísticos para su campaña?

Un candidato encarcelado podría estar incapacitado para realizar eventos de campaña en persona. Pero expertos creen que la probabilidad de una encarcelación de Trump antes del juicio, así sea temporal, es prácticamente cero.

"Debido a que él no presenta riesgo de fuga, no tiene antecedentes criminales, y estaría enfrentando cargos por delitos no violentos, seguramente será liberado bajo palabra", es decir que no establecerán una fianza si enfrenta cargos, dijo Ric Simmons, profesor de Derecho de la Ohio State University. "Es posible que incauten su pasaporte, pero es poco probable, y si lo hicieran, eso tampoco afectaría su campaña presidencial de forma significativa", agregó.

¿Es correcto decir que Trump ha sido "arrestado"?

Los expertos consultados dicen que "arresto" [arrest, en inglés] es un término válido para lo que ha ocurrido, pero añaden que hay importantes diferencias entre la situación de Trump y lo que típicamente se conoce como "arresto".

"Arresto sigue siendo legalmente el término apropiado" porque técnicamente será "detenido" por el Estado, dijo Simmons a PolitiFact en marzo. 

¿Puede la ley federal invalidar el caso de Nueva York contra Trump?

Expertos opinan que no.

"Nueva York no está sujeto a leyes o lineamientos federales sobre cómo proceder, más allá de, por supuesto, la Constitución federal, que establece límites procesales en relación con registros e incautaciones, interrogatorios, y el debido proceso", dijo Simmons.

Hay una sección de la ley federal que establece que miembros activos del gobierno federal que actúen "en capacidad individual u oficial" tienen permitido reasignar cargos estatales a cortes federales. 

Este es un argumento que el equipo legal de Trump puede hacer si enfrenta cargos de interferencia electoral en el caso de Georgia. Pero en el caso de Nueva York, sobre el dinero que presuntamente pagó a Daniels, esto ocurrió semanas antes de que Trump fuese elegido presidente y meses antes de que asumiera la presidencia, es decir, que era un ciudadano privado en ese momento y, por ende, no está sujeto a esta disposición de la ley.

Amy Sherman, reportera de PolitiFact, contribuyó a este artículo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y fue traducido por Rafael Olavarría, Factchequeado, gracias a una alianza con PolitiFact.

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Nuestras fuentes

Fuentes incluidas en el artículo.

 

 

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