Año de las Mentiras: ¿Deportan a ‘los peores de los peores’? Datos y testimonios dicen los contrario

José Trejo López pensó que el agente de inmigración lo separó de su hermano Josué para hacerle más preguntas durante un chequeo rutinario en la ciudad de Nueva York.

José y Josué, quienes tenían 20 y 19 años en ese momento, habían asistido a decenas de chequeos rutinarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a lo largo de los casi 10 años transcurridos desde que se vieron forzados a dejar El Salvador, con su madre, siendo niños. Normalmente, las citas duraban todo el día, lo que a veces implicaba faltar a la escuela y a los exámenes finales. José sentía vergüenza de contarle a sus profesores y compañeros de clase a dónde iba, pero también sabía que tenía que cumplir con sus obligaciones migratorias y mantener una buena conducta y un historial sin antecedentes penales.

"Teníamos que cumplir con la ley. Hay que cumplir con la ley porque cuando uno cumple con la ley le va bien", dijo José. 

Ese día, escuchó el sonido de las esposas. Según Jose, el oficial le dijo que no armara un escándalo. En el momento en el que Josué se volteó y vio a su hermano mayor esposado, otro oficial también lo esposó a él.

Cuando los hermanos entraron a la oficina de ICE para su cita de las 8 de la mañana, dos meses después del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, circulaban rumores que los agentes de inmigración estaban deteniendo a personas en los chequeos migratorios rutinarios. Estas citas suelen llevarse a cabo para personas con casos de inmigración pendientes que no se consideran una amenaza de seguridad.

La detención de personas en los chequeos migratorios comenzó a ser parte de las medidas tomadas por Trump para realizar deportaciones masivas, una de sus promesas de campaña de 2024. Sin embargo la estrategia contradecía sus declaraciones en cuanto a que los agentes de inmigración se enfocarían en detener "a los peores de los peores siempre primero".

"Me refiero, en particular, a empezar por los criminales. Estas son algunas de las peores personas del mundo", dijo Trump el 22 de agosto de 2024.

El 31 de octubre, la corresponsal de CBS News, Norah O’Donnell, le preguntó a Trump sobre su promesa de "deportar a los peores de los peores, criminales violentos". Trump respondió: "Eso es lo que estamos haciendo".

Ni José ni Josué han sido condenados por ningún delito. Al igual que ocurre con el 73% de los más de 65,000 inmigrantes detenidos por ICE en noviembre, una cifra récord de detenidos. Casi la mitad de todos los inmigrantes detenidos por ICE no tienen condenas penales ni cargos penales pendientes. Y de los inmigrantes con antecedentes penales, el 5% ha sido condenado por delitos violentos como asesinato o violación, según el Cato Institute, un centro de estudios libertario.

A pesar de lo afirmado por Trump, ni siquiera en los casos de más notoriedad de la campaña de deportación masiva, estos resultaron en arrestos a gran escala de delincuentes violentos. 

En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), envió a casi 250 hombres venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Una investigación de ProPublica reveló que sólo 32 de los hombres tenían antecedentes penales en EE.UU., la mayoría por delitos no violentos como hurto menor o infracciones de tránsito.

En la primera parte de la operación de control migratorio en Chicago que duró varios meses, denominada "Operación Midway Blitz", los agentes de inmigración arrestaron a 1,900 personas, dos tercios de las cuales no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes, según un análisis del Chicago Tribune.

Tras preguntarle a la Casa Blanca si su estrategia de detención se alineaba con lo que Trump y varios miembros de su administración habían afirmado públicamente, la portavoz Abigail Jackson dijo: "La más alta prioridad de la administración Trump en materia de control de la inmigración es arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales, criminales, violentos que Joe Biden permitió que cruzaran la frontera sur — de los cuales hay muchos. Entre los arrestos recientes de ICE se encuentran inmigrantes ilegales que son violadores, pedófilos y asesinos. Sin embargo, cualquier persona que se encuentre ilegalmente en el país y, por lo tanto, esté infringiendo las leyes estadounidenses, es susceptible de ser deportada si no aprovecha las oportunidades de deportación voluntaria".

José y Josué estaban en medio del proceso para aplicar a un estatus legal. No estaban escondidos, y por años habían estado compareciendo ante agentes de ICE y jueces de inmigración.

En mayo, José y Josué fueron deportados a El Salvador, un país donde no tienen familia.

"Obedecimos la ley y ¿qué recibimos?: castigo", dijo José.

Josué Trejo López, izquierda y José Trejo López, derecha huyeron de El Salvador cuando tenían 10 y 11 años, respectivamente. Se establecieron en Georgia, donde aprendieron inglés y con el tiempo se graduaron de la escuela secundaria. (Cortesía de José Trejo López)

La búsqueda de residencia legal de los hermanos

Huyendo de las amenazas violentas de pandillas en El Salvador, José y Josué llegaron a EE.UU. en el verano de 2016, a los 11 y 10 años, con su madre, Alma López Díaz.

Oficiales de inmigración detuvieron a la familia en la frontera sur estadounidense y les permitieron entrar a EE.UU. mientras solicitaban asilo. La familia se mudó a Georgia donde vivía la tía de los niños.

Los hermanos se matricularon en la escuela y aprendieron inglés leyendo libros, usando aplicaciones de aprendizaje de idiomas y corrigiendo sus errores tras las burlas de sus compañeros de clase.

Para 2020, varios jueces habían denegado la solicitud de asilo y las apelaciones de la familia, ya que la extorsión de pandillas generalmente no se considera un motivo para el asilo, dijo Ala Amoachi, quien desde 2024 es la abogada de inmigración de los hermanos. José y Josué habían recibido una orden de deportación.

Las órdenes de deportación se suspenden cuando los inmigrantes presentan apelaciones. José y Josué estuvieron apelando su caso hasta 2020, cuando se agotaron sus opciones de apelación, pero siguieron presentándose a los chequeos con ICE. Amoachi dijo que el gobierno probablemente no deportó a los hermanos durante ese tiempo porque no tenían antecedentes penales y por consideraciones humanitarias, "como la unidad familiar y el hecho de que tienen un hermano menor que es ciudadano estadounidense y tiene una discapacidad".

En 2025, cuando los hermanos fueron detenidos, tenían un camino viable para obtener estatus legal debido a un proceso que su abogada había iniciado en 2024.

Le preguntamos al DHS por qué los hermanos fueron detenidos y deportados a pesar de tener un caso de inmigración pendiente, y no recibimos respuesta.

Durante su segundo mandato, Trump ha limitado significativamente las vías legales para los inmigrantes. En enero, puso fin a un programa de la era Biden que permitía a las personas programar citas de inmigración en la frontera y entrar legalmente a EE.UU. para solicitar asilo. Bajo la administración de Trump, DHS retiró las protecciones legales temporales de cientos de miles de personas que les permitían vivir y trabajar en EE.UU.

José siguió intentando construir lo que él llamaba su sueño americano, pero su estatus migratorio le presentó obstáculos para comprar un carro y conseguir trabajo.

En 2024, los hermanos se mudaron a Long Island, donde vivía la pareja a larga distancia de su madre.

Amoachi inició el proceso para que solicitaran el estatus de Jóvenes Inmigrantes Especiales, una protección para jóvenes inmigrantes que han sufrido abuso, abandono o negligencia por parte de uno de sus padres. El padre de los hermanos los había abandonado, según documentos judiciales. Si es aprobado, el estatus le permite a los inmigrantes aplicar eventualmente para la residencia permanente. El abogado anterior de los hermanos en Georgia no les informó que esta opción estaba disponible, dijo Amoachi.

Durante la administración Biden, los inmigrantes a quienes se les había otorgado el estatus de Jóvenes Inmigrantes Especiales estaban protegidos contra la deportación. En junio, la administración Trump puso fin al programa de protección contra la deportación y comenzó a detener y deportar a personas con este estatus. Diversas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han demandado al gobierno por estos cambios.

Un agente federal lleva una placa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), mientras se encuentra frente a una corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits en Nueva York, 10 de junio de 2025. (AP)

Un resultado repentino e inesperado

El sueño de José de comenzar una nueva vida en Nueva York duró poco.

En la cita del 14 de marzo, un oficial de ICE preguntó si los hermanos estaban disputando su orden de deportación, y cuando José entregó sus documentos, el oficial dijo: "'Esto no sirve'", relató José.

En cuestión de minutos, los hermanos estaban esposados.

No existen datos sobre cuántas personas han sido arrestadas mientras asistían a las citas obligatorias de ICE, pero las noticias y  redes sociales están llenas de ejemplos de inmigrantes siendo detenidos y separados de sus familiares. Los abogados han advertido cada vez más a sus clientes sobre esta táctica. En San Diego, varios inmigrantes están demandando al gobierno federal tras ser detenidos en estas citas.

Amoachi, quien ha trabajado como abogada de inmigración durante 15 años, indicó que antes del segundo mandato de Trump, nunca había visto que un caso como el de José y Josué — en el que jóvenes con órdenes de deportación pero sin antecedentes penales ni afiliación a pandillas y con una solicitud pendiente — terminara en detención.

Aproximadamente una semana después de la detención de los hermanos, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, afirmó que la administración estaba priorizando a los delincuentes.

"Vamos a seguir persiguiendo a los peores de los peores, lo que hemos estado haciendo desde el primer día, y deportándolos de Estados Unidos", dijo Homan el 23 de marzo.

Homan habla mientras Trump escucha en una fiesta durante las elecciones primarias en Nashua, Nuevo Hampshire, el 23 de enero de 2024. (AP)

Dejándolo todo atrás

La detención fue la primera etapa del viaje de dos meses que llevaría a los hermanos de regreso a El Salvador.  

Horas después, los agentes de inmigración los esposaron y los llevaron a un centro de detención en Buffalo, Nueva York.

En dicho centro, José trabajó con un pastor, también detenido, a quien le ayudaba a organizar servicios religiosos semanales. Josué consiguió un trabajo en la cocina — lavando platos y ayudando a servir comida — por el que le pagaban un dólar al día. Usaba el dinero para llamar a su madre o comprar ramen, un manjar en el centro de detención. Josué también enseñaba inglés a otros detenidos y trabajaba como traductor no oficial para los agentes de inmigración. 

El 26 de marzo, un juez de una corte de familia de Nueva York dictaminó que José y Josué habían sido abandonados por su padre y que no les convenía regresar a El Salvador. Permanecieron detenidos.

A principios de mayo, los agentes llamaron a los hermanos para su procesamiento, lo que significaba que serían deportados o liberados, dijo José. Otros detenidos los animaban.

El resultado no fue el esperado. Los hermanos fueron trasladados a Luisiana.

Durante varios días, José y Josué permanecieron en celdas de detención llamadas "hieleras", con unas 100 personas en cada una. El 7 de mayo, el día del cumpleaños de su madre, un agente llamó a los hermanos para que abordaran un vuelo a El Salvador. Una vez en el avión, José relató que un agente entró con una lista de nombres de personas que podían bajarse del vuelo. Esa era su última esperanza. Pero no llamaron los nombres de los hermanos.

"Ya cuando despegamos, ya no había más. Ya estábamos dejando a mi mamá", dijo José. "Todo, literalmente, todo se estaba quedando atrás. Los sueños. Todo, todo".

Josué Trejo López, derecha, y José Trejo López, izquierda, en El Salvador, país del que huyeron en 2016 y donde no tienen familia. (Cortesía de José Trejo López)

Atrapados en el limbo

Nueve años después de huir de su país de origen, José y Josué, ahora de 21 y 20 años, aterrizaron en El Salvador. No tenían pasaportes; las autoridades de inmigración estadounidenses se los habían quitado cuando solicitaron asilo y nunca se los devolvieron.

Las autoridades salvadoreñas le dieron a cada hermano un papel con su nombre como forma de identificación. Al llegar al centro de inmigración, vieron a personas esperando a los deportados de EE.UU. Nadie los estaba esperando a ellos.

"Y yo le decía a (Josué), 'ey, ¿qué hacemos?’", dijo José.

Su madre envió a un amigo de la infancia de su abuela para recogerlos. Durante las primeras noches, los hermanos no podían comer ni dormir. Desde entonces los dos han sido diagnosticados con Trastorno de Estrés Postraumático y depresión, según Amoachi.

Pocas semanas después de llegar a El Salvador, la escuela secundaria de Josué, en Georgia, celebró el acto de graduación. En lugar de recibir su diploma en el escenario, Josué vio la ceremonia desde su teléfono y escuchó cuando anunciaron su nombre, mientras lloraba en los brazos de su hermano.

Siete meses después de ser deportados, José y Josué anhelan la posibilidad de reunirse con su familia. Amoachi ha presentado varias apelaciones en su nombre.

José dice que él y su hermano cumplieron con las condiciones: comparecer ante la corte, presentarse a las citas con ICE, mantener una buena conducta moral y no tener antecedentes penales.

"Entonces, ¿cuál es? lo que ellos dicen, 'el camino legal'", Jose preguntó. "No hay camino legal actualmente".

Lee más reportes de PolitiFact en Español.

Nota del editor: PolitiFact tradujo esta historia del inglés al español usando un servicio de traducción automática. Los periodistas de PolitiFact con fluidez en ambos idiomas editaron la traducción para mayor claridad y precisión.